Es habitual que cualquier ciudadano pueda solicitar los servicios de un Detective Privado para tratar de localizar a su ex pareja, o sus hijos, de los que desconoce el domicilio habitual, o el centro de enseñanza al que acuden, en ocasiones no comunicado, debido a las desavenencias surgidas en la pareja alegando haber perdido contacto, en el primer caso, o verificar si se atienden diligentemente los deberes de guardia y custodia de los hijos en el segundo, caso de intervención habitual de los Detectives Privados. Pues bien, del hecho derivado de carecer de los mecanismos necesarios para poder constatar si sobre dicho ciudadano existe una denuncia o pesa una orden de alejamiento el Detective puede ofrecer una valiosa información a un maltratador (el posible cliente), de ahí que en muchos casos se opte por rechazar dichos encargos profesionales, privando de la realización de tales investigaciones a los que legítimamente podrían optar a ella.
Además, todo ello se agrava en el caso de que dicho cliente sea una persona extranjera pues la posibilidad de poder verificar la existencia de una denuncia o una medida de protección es todavía más difícil.
Por esa razón, los Detectives Privados llevan años solicitando colaboración ante situaciones en las que una persona que tiene una orden de alejamiento de su pareja pueda contratar los servicios de los Detectives Privados para tratar de localizarla, o con la excusa de verificar la correcta atención de los hijos y que podamos, desconociendo que dicho cliente está bajo sospecha, facilitarle la información demandada, pudiéndose producir una situación de altísimo riesgo.
Con este preámbulo se concebía la jornada que tuvo lugar el pasado día 13 de noviembre en el Centro Riojano de Madrid y que contó con la presencia de la Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica, Ángeles Carmona. A ella le acompañaban como ponentes, Mª Jesús López Chacón, Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Arganda del Rey; Ana Mª Galdeano Santamaría, Fiscal Decana de Violencia contra la Mujer de la Fiscalía Provincial de Madrid; Javier Galván Ruiz, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía, Jefe de la sección operativa de Colaboración de la Unidad Central de Seguridad Privada;. Matilde Sánchez Andrés, Inspectora del Cuerpo Nacional de Policía, responsable de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a las Víctimas de Violencia de Género – UPAP Central; y Gemma Zurita García, Detective Privado, vocal de la junta directiva y delegada en Andalucía occidental de la APDPE.
Además, recientes colaboraciones realizadas a través del Cuerpo Nacional de Policía han dado extraordinarios resultados, llegando a evitar el secuestro de unos menores y ampliando el contenido de una orden de alejamiento.
Con todas las intervenciones se evidenció la gran voluntad existente por parte de todos los profesionales, tanto en aportar su trabajo y contribuir a esa necesaria colaboración como en buscar los medios en que la misma se produzca con todas las garantías legales necesarias.
Es por ello que se ha incidido en el especial momento legislativo en el que nos encontramos, en el que se está elaborando el Reglamento de Seguridad Privada, la tramitación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la revisión de la actual Ley de protección integral contra la Violencia de Género, que tiene ya diez años.
Sin embargo, parece ser que el mayor escollo que se ha de salvar es el de la cesión de datos de carácter personal, pues los relacionados con Violencia de Género son de altísima protección. En un momento de la jornada parecía que la Ley de protección de datos era un obstáculo insalvable, que hacía plantearse que se situaba este derecho fundamental al mismo nivel que el derecho a la vida, desde el momento en que se sitúa como un impedimento para llevar a cabo la colaboración solicitada, que impediría o, al menos, pondría en alerta sobre la persona que está intentando localizar a su expareja o a sus hijos.
Afortunadamente, la Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y Doméstica dio un poco de luz ante tal panorama. Sugirió la posibilidad de realizar algún tipo de convenio de colaboración en el que se estableciera la forma de gestionar la cesión de datos, por un lado, y la aportación de otros nuevos, eso sí, basando todo ello en la especialización y formación de los profesionales que voluntariamente deseen suscribirse a ese convenio de colaboración.
Se inicia ahora la siguiente fase, con un reto por delante pero con los ingredientes necesarios para llegar a un convenio de colaboración que permita aprovechar la información que nos llega, de una forma habitual, a los despachos de Detectives Privados.
Fuente: lawyerpress