La crisis económica que continuamos padeciendo en nuestro país se perfila como la principal causa del crecimiento de las denuncias por impago de pensiones tanto de alimentos destinadas a los hijos e hijas menores de edad como a las ex – parejas.
Durante los últimos años, coincidiendo con la recesión económica y sus consecuencias, el número de denuncias por impago de pensiones se ha elevado. El desempleo, las dificultades para encontrar un nuevo trabajo y la subsiguiente reducción de ingresos son las principales causas por las que algunos progenitores no cumplen con su obligación de abonar las pensiones de alimentos a sus hijos, aunque también los hay con una determinada voluntad de no pagar.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se abrieron un total de 428 causas por impago de pensiones a lo largo de año 2014, lo que representa un incremento del 9% respecto a las 393 denuncias presentadas durante el año inmediatamente anterior.
Para hacer frente a estas situaciones la persona afectada puede optar por la vía civil o la vía penal. Es posible que cuando el proceso se ha llevado por la vía penal, el denunciado para evitar ir a la cárcel consiga el dinero antes.
Cuando el progenitor denunciado tiene recursos, como una nómina de trabajo, la resolución es sencilla y se solventa con un embargo de sus ingresos, pero si es autónomo o cobra en negro, existe dificultad para hacer efectivo el cobro.
Son muchos los afectado que recurren a los servicios de detectives privados como única manera de poder demostrar que el deudor, efectivamente, dispone de recursos, ya que las investigaciones realizadas por la fiscalía se limitan a averiguar el patrimonio del denunciado.
El mayor inconveniente de recurrir a la vía penal radica en el tiempo por el cual se extiende el proceso, generalmente entre ocho meses y un año.
En el caso de personas que realmente no pueden hacer frente a los pagos es necesario solicitar una modificación de las medidas para que la pensión sea reducida.
Fuente: delitosinformaticos.com
