A finales de febrero la nueva Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema) celebró su primera Asamblea General, en la que su presidente, Felipe Vilas, expuso los principales proyectos a realizar por el Colegio en 2019. Entre ellos destacaba uno: recurrir a detectives para recabar pruebas contra el intrusismo profesional cuando sea necesario.

Esther Tortuero, vocal de deontología del Colegio, es la persona que gestiona los casos de intrusismo en veterinaria en la Comunidad de Madrid, y ha explicado a Animal’s Health los detalles del proyecto.

“Estamos intentando hacer todo lo que podamos contra el intrusismo”, explica Tortuero, que detalla que dentro de las iniciativas para combatir este problema han reservado una partida de los presupuestos de 2019 por si en algún momento es necesario utilizar los servicios de un detective oficial para recabar pruebas en casos de intrusismo.  

Y es que la vocal explica que, aunque la mayoría de los casos se gestionan con la colaboración del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ya que suele haber animales implicados, hay algunos más complejos que necesitan procedimientos alternativos.

“La Guardia Civil puede acudir a un establecimiento uno o dos días, pero no puede estar dos semanas haciendo un seguimiento continuo, algo que sí que puede hacer una agencia de detectives”, explica Tortuero, que aclara que seguirán colaborando con la Guardia Civil, con la que aseguran tener una relación «muy cordial».

De hecho, afirma que el protocolo seguirá siendo el mismo, y cuando un colegiado dé la voz de alarma sobre un caso de intrusismo seguirán acudiendo en primer lugar a la Comandancia de Tres Cantos para que lo investigue.  

Sin embargo, siguen quedando esos “casos difíciles”, para los que, explica la vocal, el Colegio no cuenta con medios humanos ni materiales, y “muchas veces tampoco competencias”. “Cuando vas a un juzgado a denunciar algún caso de intrusismo hay que tener pruebas que puedan sustentar la acusación, y a veces es muy complicado”, añade Tortuero, que recuerda que hace unos años perdieron un juicio precisamente este motivo.

Dentro de estos casos difíciles, la vocal menciona el caso de los falsos veterinarios que ejercen la clínica libre (sin disponer de un establecimiento fijo) a los que habría que seguir para acreditar que realizan actividades prohibidas como la prescripción de medicamentos o la aplicación de vacunas a domicilio.

En este punto, la vocal indica que demostrar que una persona este tipo de personas está haciendo algún acto clínico de manera ilegal no es fácil, y en ocasiones se necesitan pruebas como fotografías, videos o grabaciones. Además, para que estas pruebas tengan validez deben de haberse recogido por personas autorizadas como es el caso de los detectives privados oficiales. “No es lo mismo que yo vaya y grabe con una cámara a una personas a que sea un detective o agencia de detectives autorizada”, incide.

Fuente: animalshealth.com