Los despachos de abogados de Reino Unido que se encargaban de gestionar las reclamaciones de turistas británicos por supuestas intoxicaciones alimentarias en hoteles de Mallorca garantizaban al cliente hasta 18.000 euros netos de indemnización al reclamante y un 98% de éxito en el pleito. El reparto quedaba en un 60% del dinero obtenido con la queja para el bufete de abogados y un 40% para el cliente, que veía cómo sus vacaciones le salían gratis sin haber aportado apenas pruebas de la supuesta enfermedad.

El Juzgado de instrucción número 2 de Palma ha levantado el secreto de sumario sobre la investigación que se sigue contra una organización que podría haber estafado 60 millones de euros a hoteles españoles mediante reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias desde 2014. El pasado mes de septiembre la Guardia Civil detuvo a siete miembros de la trama, que aprovechaba la laxa legislación británica en materia de reclamaciones para presentar quejas en nombre de turistas contra las empresas organizadoras de los viajes. Estas indemnizaban a los clientes para evitar costosos procesos judiciales y descontaban posteriormente el importe a los hoteles mallorquines.

La investigación se inició a raíz de las denuncias de varios grupos hoteleros que mediante seguimientos de detectives privados constataron que existía una red organizada para captar a turistas alojados en sus establecimientos que estuvieran dispuestos a presentar la reclamación. En un informe elaborado por la unidad de policía judicial e investigación que figura en el sumario, la Guardia Civil sitúa como cabecillas de la organización a dos hombres encargados de dirigir el entramado desde Reino Unido, donde gestionaban las reclamaciones que llegaban desde la isla mediante bufetes de abogados «de poca ética profesional».

En Mallorca el grupo estaba liderado por dos mujeres —madre e hija— a quienes los investigadores atribuyen un papel de «dinamizadoras» y que se encargaban de contratar a los captadores de clientes, a quienes instruían en las actividades que debían realizar «entre ellas la de embaucar a los clientes de los hoteles para simular enfermedades gástricas». El peldaño más bajo del escalafón era el de los captadores, de número variable, origen anglosajón y que trabajan siempre a pie de calle para tratar de forma directa con los clientes de los hoteles.

En el sumario figuran los detalles de los seguimientos que tanto la Guardia Civil como detectives privados contratados por las cadenas hoteleras realizaron a los captadores, que actuaron también en la isla de Tenerife y obtenían alrededor de 115 euros por cada reclamación exitosa de los viajeros que habían convencido para denunciar. Una de las líderes de la trama se trasladaba con su vehículo a los alrededores de los hoteles para supervisar el trabajo de sus empleados, sobre todo en la zona de Sa Coma y el Puerto de Alcúdia en el norte de Mallorca.

Los siete detenidos mantenían la comunicación mediante un grupo de WhatsApp denominado «UK Holidays claims» (Reclamaciones de vacaciones británicas),  en el que se reportaban los datos de los clientes, con los detalles sobre nombre, apellidos y domicilio en Reino Unido, número de contacto, número de reserva, fecha de salida del hotel y cuándo había que llamarles una vez de regreso a su país. Cada captador introducía también su nombre para dejar claro que había sido el encargado de atraer al cliente y que tenía que cobrar la comisión correspondiente.

Reclamaban años después

La unidad de delincuencia económica de la Policía Nacional también ha elaborado un informe en el que analiza buena parte de las quejas formuladas contra los hoteles denunciantes y sostiene que la mayoría de ellas fueron presentadas años después de la supuesta enfermedad. El documento desvela que los seis turoperadores que las gestionan continúan ofertando los establecimientos que presuntamente sirven comida en mal estado, a pesar de que en Baleares «no se ha detectado alarma sanitaria alguna que hubiera tenido su origen en los hoteles denunciados».

La Policía también destapa que los despachos de abogados que gestionan las reclamaciones obtienen un beneficio del 60% de la reclamación frente al 40% que se queda el cliente y ofertan un 98% de posibilidades de éxito sin coste para turista «cobrando solo en caso de reclamación positiva y con la posibilidad de obtener una indemnización de hasta 40.000 libras» que finalmente quedaría en unos 18.000 euros por cliente. Los investigadores llaman la atención sobre el papel de los clientes que «cooperan necesariamente con este entramado y acceden a fingir enfermedades obteniendo vacaciones gratis». Hasta el momento se ha identificado a 800 turistas que reclamaron a través de 77 despachos diferentes.

Una de las cadenas hoteleras afectadas denuncia que desde enero de 2016 hasta el final de ese verano recibió un total de 273 reclamaciones con 700 personas solicitando indemnización. El coste estimado fue de 4,5 millones de euros, lo que supuso un incremento del 700% con respecto a las cifras de años anteriores. Del total de 800 reclamantes tan solo 38 fueron al médico como consecuencia de la intoxicación.

Fuente: elpais.com